Por Zarita Trejo
El 13 de septiembre, la congresista Adriana Tudela, miembro de Avanza País, presentó el Proyecto de Ley 5903, que busca reemplazar la actual Ley 26370 que regula el cine peruano, promulgada en el gobierno de Martín Vizcarra en el año 2020. Esta propuesta ha desatado un intenso debate en el ámbito cinematográfico peruano, planteando preguntas cruciales sobre el futuro de la industria del cine en el país.
La Ley Tudela: ¿Un Avance o un Retroceso?
El proyecto de la congresista Tudela ha generado opiniones polarizadas. Algunos lo ven como una oportunidad para revitalizar la industria cinematográfica peruana, mientras que otros argumentan que podría perjudicar principalmente a las producciones cinematográficas regionales.
Una de las principales críticas al proyecto radica en que la Ley actual, la 26370, no fue debatida en el Congreso en su momento, lo que generó una falta de legitimidad política que ahora se utiliza para justificar la propuesta de Tudela. Esta falta de debate inicial ha tenido un impacto en la percepción pública y en la opinión de la comunidad cinematográfica.
Cuestionamientos sobre el Éxito de las Películas Financiadas por el Estado
El congresista Alejandro Cavero, también de Avanza País, ha expresado críticas hacia las películas peruanas financiadas por el Estado, argumentando que son de baja calidad y que «nadie las va a ver al cine». Sin embargo, estas afirmaciones se contradicen con la realidad del cine peruano. Películas como «Willaq Pirka, el cine de mi pueblo» (2022) de César Galindo, que atrajo a más de 65 mil espectadores a las salas de cine, demuestran lo contrario.
Además, obras como «Winaypacha» de Óscar Cotacora (1987-2021) y «Manco Cápac» (2020) de Henry Vallejo han recibido reconocimientos en festivales internacionales, lo que refleja la calidad y el potencial del cine peruano. Estos logros desafían las críticas sobre la calidad de las películas financiadas por el Estado.
Investigación sobre la Repartición de Estímulos Económicos
Un punto importante que se ha mencionado en el debate es la necesidad de investigar si existe repartija en los estímulos económicos otorgados por el Ministerio de Cultura. Aunque no se ha demostrado la existencia de esta práctica, existe un descontento en la comunidad cinematográfica sobre los criterios utilizados para beneficiar a proyectos audiovisuales. Este descontento ha llevado a sospechas razonables que la Contraloría debería investigar para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
La Ley Tudela: ¿Una Propuesta Bien Fundamentada?
A pesar de las críticas, la congresista Tudela defiende su Proyecto de Ley y argumenta que no pretende eliminar el financiamiento a películas regionales. Sin embargo, varios expertos y gremios difieren con esta afirmación. Según ellos, la propuesta afectaría a todo el cine peruano, incluyendo al comunitario, de mujeres, indígena y regional.
El proyecto propone que solo empresas que tengan asegurado el 50% del presupuesto de una película puedan acceder al fondo, lo que limitaría el acceso a muchas producciones independientes y regionales que no cuentan con ese nivel de financiamiento previo.
El Debate Continúa
La Ley Tudela ha generado un debate necesario en el Congreso peruano y en la comunidad cinematográfica del país. Si bien es importante discutir cómo mejorar el apoyo a la industria del cine peruano, es fundamental que las decisiones se tomen con base en un análisis completo y en un entendimiento profundo de las necesidades y potencialidades de la industria. La transparencia y la apertura al diálogo serán clave en este proceso.