Pese a que la medida cautelar tiene más de dos años, el organismo señaló que todavía no se identificaron las responsabilidades de dicha situación.
Ayer, 9 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución que anuncia la ratificación y la ampliación de medidas de protección a favor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Ambos son parte del Equipo Especial del caso Lava Jato.
En el caso de Domingo Pérez, el organismo ha indicado que es necesario que se continúe con esta medida pues aún existe una situación de riesgo. “Existen elementos para considerar que la situación de riesgo continúa vigente, siendo necesario continuar y reforzar las acciones para la debida protección del beneficiario y su familia”, se lee al principio del comunicado.
Cabe mencionar que, el pasado 25 de julio del 2021, la CIDH entregó dicha disposición en un contexto de lucha contra la corrupción vivida en las Elecciones Generales 2021. En ese sentido, se afirmó que, pese a que han pasado más de dos años desde que se efectuó la medida cautelar, todavía «no se han identificado responsabilidades por los hechos alegados de modo que pueda analizarse si los elementos generadores de riesgo han sido mitigados o han desaparecido”.
Asimismo, especificó que la respuesta estatal debería reportar qué causa esta situación de riesgo. «[…] Que incluyan medidas para atender las causas generadoras de riesgo valoradas por la CIDH en el momento del otorgamiento de las presentes medidas cautelares y en la mencionada Resolución», añadieron.
En el 2021, la CIDH enfatizó en que el Gobierno peruano tendría que «garantizar los derechos a la vida e integridad personal» de José Domingo Pérez, quien era amenazado por grupos fujimoristas. Debido a esto, el 12 de junio de ese 2021, Zoraida Ávalos, la entonces fiscal de la Nación, solicitó protección para el abogado peruano.
Las medidas cautelares también se extienden al jefe del Equipo Especial de Fiscales en el caso Lava Jato, Rafael Vela, por los «hechos de riesgo» que ha enfrentado en los últimos meses. «Frente al contexto específico del presente asunto, la CIDH reitera el rol de las personas que ejercen función pública, especialmente de alto rango, a no contribuir a la creación de un ambiente de hostilidad, intolerancia o animadversión y, por lo contrario, adoptar pronunciamientos públicos que contrarresten estos hechos”, indicó la CIDH.
Redacción Radio Sensible
Por Shari Asencio