A pesar de los delitos de lesa humanidad, el exmandatario fue puesto en libertad gracias al indulto del Tribunal Constitucional.
Según la resolución del 4 de diciembre, tras 16 años en la prisión de Barbadillo, en Ate Vitarte, el Tribunal Constitucional ordenó al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y el director del penal de Barbadillo “la inmediata libertad de Alberto Fujimori”, el expresidente que sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de lesa humanidad que incluyen las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos.
El indulto humanitario otorgado al ex mandatario de 85 años, quien enfrenta diversos problemas de salud, según sus médicos de cabecera, generó controversia y rechazo por parte de organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, exigió detener el indulto hasta tener «todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones» que requiere. Igualmente, Gisela Ortiz, exministra de cultura en 2021 y cuyo hermano fue una de las víctimas de las masacres, declaró que «el indulto es una vergüenza internacional».
En ese sentido, esta decisión ha sido cuestionada por distintos motivos. Por un lado, el derecho penal internacional prohíbe otorgar indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad. Por el otro, el indulto se entregó en solo seis días, pero aquellos otorgados por Pedro Pablo Kuczynski tardaron al menos un mes y medio.
Pese a ello, el Instituto Nacional Penitenciario acató el fallo del Tribunal Constitucional en base a la “resquebrajada” salud de Fujimori, quien padece de cáncer de lengua, fibrilación auricular, dolencias pulmonares e hipertensión, y a que ya «ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena».
Alberto Fujimori abandonó su celda en Ate, recibido por seguidores y sus hijos, Keiko y Kenji. Ambos lo acompañaron en una camioneta que lo esperaba en la entrada del penal.
Redacción Radio Sensible
Por Shari Asencio